¿No estaba en la cárcel?
Esta es la pregunta que más he escuchado cuando le cuento a un mexicano que Lula se instaló en la presidencia, una vez más. Y mientras empiezo a contar la historia me doy cuenta que se parece un poco a la trama de la serie House of Cards, con algunos episodios que son tan absurdos que un espectador creería que el guionista los exageró. Por eso creo que vale la pena escribir esta pequeña recapitulación.
La cárcel
Menos de 2 meses antes de la primera vuelta de las elecciones en Brasil de 2018, las encuestas proyectaban a Lula ganando en cualquier escenario, independiente de su adversario (por ejemplo, Lula sobre Bolsonaro por 52% versus 32%).
Pero Lula no había podido participar porque estaba en la cárcel.
Estuvo preso desde abril de 2018 por un caso de corrupción, lo que coincidió justo con el año electoral. Fue condenado en primera instancia por haber recibido un departamento triplex como soborno de una contratista (el conglomerado empresarial OAS). El juez que hizo la investigación, Sergio Moro, lo condenó a 12 años y un mes. Mientras estaba preso, fue condenado por otro caso que involucraba un sitio en Atibaia, en São Paulo, por corrupción y lavado de dinero, con una pena de 12 años y 11 meses.
Pero 580 días después de ser encarcelado, Lula salió libre. El tiempo que estuvo recluso, entre abril de 2018 y noviembre de 2019, fue suficiente para que Bolsonaro ganara las elecciones y asignara al mismo juez que sacó a Lula de la carrera electoral, Sergio Moro, como su ministro de justicia.
Lula es liberado
Cuando Lula fue encarcelado, la jurisprudencia decía que una condena en segunda instancia era suficiente para que un acusado empezara a cumplir con su plazo de pena. Pero en Noviembre del 2019, el Tribunal Federal Supremo cambió la jurisprudencia, y desde ese momento, el acusado solo partiría con su pena una vez tramitado todo el proceso y no hubiera más recursos para seguir la investigación. Eso significaba que Lula podría estar libre mientras se desarrollaban sus procesos legales. O sea, estaba fuera de la cárcel, pero seguía siendo investigado y procesado como acusado.
El finiquito del proceso (¿qué proceso?)
En junio de 2019 se filtraron mensajes intercambiados entre el Juez Sergio Moro y Deltan Dallagnol, el fiscal del caso, mostrando colaboración entre ambas partes, que jamás debería haber existido. El Tribunal Federal Supremo entendió que el juez no había sido imparcial en el caso de Lula, y anuló todos los procesos. O sea, como el proceso de investigación no fue limpio o libre de involucramiento personal, es como si nunca hubiese existido. Y Lula jamás hubiese sido condenado.
El Supremo también encontró que el proceso debería haber sido llevado por la Justicia Federal del Distrito Federal de Brasil, y no por el Tribunal Federal de Curitiba, donde Sergio Moro era juez. O sea, si se quisiera seguir con la investigación, habría que partir desde cero en Brasilia, y muchas de las pruebas se considerarían inválidas.
Mientras tanto, Sergio Moro, tras juzgar a Lula, fue Ministro de Bolsonaro, y en las últimas elecciones fue elegido Senador. Dallagnol, el fiscal, ahora será Diputado. Los dos fueron aliados oficiales de Bolsonaro en las últimas elecciones – ya no más como miembros del poder judicial.
A la fecha, Lula no tiene ningún proceso abierto. Todos fueron prescritos, suspendidos o archivados por error del judicial a cargo.
Lula versus Bolsonaro
El Brasil con el que Lula se va a encontrar ahora es bastante distinto del de 2010, cuando dejó el gobierno en su segundo mandato. En ese momento tenía un 83% de aprobación. Ahora, ganó la elección con un 50,9%, versus 49,1% de Bolsonaro, lo que demuestra lo divididos que están los brasileños.
Además, hay una corriente antidemocrática que ha estado creciendo en Brasil y que a Bolsonaro no le ha interesado detener.
Por ejemplo, hace más de un año que Bolsonaro está cuestionando la seguridad del sistema de votación. La votación en Brasil es electrónica y presencial, y el sistema electoral brasileño es considerado uno de los más seguros y eficientes del mundo, en donde aproximadamente 150 millones de votos son contabilizados en algunas pocas horas. Sin ninguna prueba de que las elecciones hayan tenido errores de datos o fraude, Bolsonaro sigue sin reconocer públicamente su derrota.
Por otra parte, hay algunas manifestaciones con tendencias antidemocráticas e intentos de ataques contra la estabilidad del país, que buscan que se decrete un estado de sitio y que las fuerzas armadas puedan tomar el poder. Por ejemplo, un intento de invadir un edificio de la policía federal, explotar un camión cerca del aeropuerto en la capital del país, campamentos en frente a los cuarteles de la policía y del ejército, etc.
Las alianzas políticas, el camino que queda
Bolsonaro pudo haber perdido la presidencia, pero fue muy bueno ayudando a elegir a los suyos. Además de la votación para presidente, en las elecciones generales de 2022 también se definieron los senadores y diputados para la federación y provincia, y también los gobernadores. El nuevo Congreso brasileño estará bastante más tirado para la derecha, en especial el Senado, lo que le hará la tarea de gobernar mucho más difícil a Lula. El único camino posible parecen ser las alianzas políticas.
Incluso antes del cambio de mando, ya le tocó al equipo de Lula negociar una propuesta de enmienda a la Constitución para poder seguir adelante con su propuesta de campaña sin incumplir con la ley que limita los gastos del Gobierno. Lula prometió seguir con el programa de transferencia de renta a familias en situación de pobreza y extrema pobreza, con pagos mensuales de R$600 (alrededor de 2,200 pesos mexicanos). Su aprobación fue resultado de muchas negociaciones y significó el primer logro del gobierno que entra.
El poder del Congreso
Quienes actualmente concentran mucha fuerza en los congresos son sus presidentes. Principalmente, porque durante el gobierno de Bolsonaro partió lo que popularmente se conoció como presupuesto secreto.
Este mecanismo le permite al gobierno transferir fondos a diputados y senadores de manera anónima y destinarlos a diferentes tipos de obras. La asignación de los fondos la negocian el presidente del país y otros miembros del Congreso, como el presidente de la Cámara. El proceso se conoce como "Enmiendas del relator". Lo que cambió en 2019, durante el gobierno Bolsonaro, es que ahora los relatores, al mando de los diputados y senadores, pueden aprobar presupuesto, sin que nadie sepa necesariamente los nombres detrás de cada pago. Además de eso, la distribución de las platas es poco transparente y depende de negociación política, a cargo de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Durante los últimos 3 años, millares de millones de reales fueron usados por ese presupuesto secreto. Eso da poder a los presidentes del Congreso, ya que tienen en su mano un cheque "en blanco" para poder negociar con sus electores.
Recién el 16 de diciembre, el Tribunal Federal Supremo votó como inconstitucional este tipo de enmiendas. Para 2023, hay que entender cómo esa prohibición va impactar el equilibrio de los poderes y también qué se hará con el presupuesto de 19.4 billones de reales que quedaron sin destino.
El gran ausente del cambio de mando
El cambio de mando congregó a buena parte de los líderes de la región y otras personalidades de la política sudamericana. El que no estuvo presente fue quien debía entregar la banda presidencial: Jair Bolsonaro. El ahora ex-presidente se encuentra en Orlando, Florida, a pocos kilómetros de Disney World.
