Hace unas semanas, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, hizo pública su intención de impulsar una norma para impedir que los menores de dieciséis años accedan a las redes sociales. Con esta iniciativa, España se suma a otras naciones —entre ellas Australia, Francia y Dinamarca— que ya han adoptado medidas semejantes o avanzan en esta dirección. En distintos países, sobre todo dentro de la Unión Europea, aunque también en lugares tan distantes como Malasia, se debaten proyectos de alcance similar. La decisión se apoya en una abundante producción académica que documenta los daños que estas plataformas generan en niños y adolescentes, en particular en el terreno de las capacidades cognitivas y del equilibrio emocional. Tras el anuncio, Elon Musk —acérrimo partidario de una libertad digital sin restricciones— reaccionó de inmediato, calificando al mandatario español de autoritario.
La irrupción del ecosistema digital ha transformado radicalmente la experiencia humana. Más allá de las incontables ventajas que ha supuesto —y que no me dedicaré a enumerar aquí—, sus consecuencias adversas son visibles: las redes no solo erosionan facultades que creíamos indisociables de nuestra evolución como especie, sino que, debido a su arquitectura diseñada para maximizar la dependencia, se vuelven extraordinariamente difíciles de abandonar, como si se tratara de sustitutos de una droga. A ello se añaden efectos colectivos cada vez más perniciosos: hoy sabemos que fomentan el aislamiento —individual y grupal—, favorecen procesos de adoctrinamiento carentes de antídotos críticos —a menudo mediante noticias falsas y la difusión de narrativas conspiratorias—, exacerban impulsos primarios como la cólera, la sospecha, la frustración y el miedo, y se han convertido en instrumentos idóneos para el acoso y la violencia.
Pese a ello, las redes se han convertido en el principal mecanismo de formación y socialización de nuestra era. Ante un sistema educativo público debilitado y cada vez más privado de recursos —tanto por gobiernos de derecha como de izquierda—, el espacio digital, en cuyas entrañas los jóvenes permanecen conectados durante largas jornadas, se ha vuelto su auténtico centro de aprendizaje. Es allí donde ensayan conductas sociales —distintas, desde luego, a las que se les exigen en el mundo físico—, donde experimentan dinámicas de cooperación o traición —amparados por el anonimato—, donde reciben buena parte de la información sobre la realidad global y donde construyen, penosamente, su identidad personal y colectiva.
Para colmo, todo ello ocurre en plataformas privadas cuyo diseño y reglas han sido establecidos por un reducido grupo de magnates tecnológicos orientados por la rentabilidad. Para ellos, incluso la infancia y la adolescencia representan segmentos de mercado: fuentes de datos y de atención, los bienes más preciados en la economía contemporánea, que tratan como cualquier otra mercancía. Si en el proceso aumentan la soledad, la agresividad, la frustración o la manipulación entre los usuarios más jóvenes, este efecto colateral no altera sus decisiones estratégicas. Ante este panorama, se explica que algunos dirigentes opten por restringir el acceso de menores a estos entornos, equiparando su regulación con la del alcohol o el tabaco, sustancias cuyo consumo se limita por sus riesgos a la salud.
Sin embargo, sabemos que las prohibiciones rara vez erradican las prácticas que buscan contener. Los adolescentes continúan fumando y bebiendo pese a las restricciones; de igual modo, con o sin supervisión adulta, seguirán internándose en las redes: su hábitat generacional. Una mera interdicción resulta insuficiente, pues no es viable sustituir una experiencia formativa integral —como la que, para bien o para mal, proporcionan las plataformas digitales— por el vacío. Si el objetivo es resguardar a niñas, niños y jóvenes de los lados más oscuros de las redes, es imprescindible replantear de raíz los métodos pedagógicos que aún predominan en aulas heredadas del siglo XIX, muchas veces ajenas a la realidad tecnológica contemporánea.
Del mismo modo que he defendido la incorporación, desde la educación primaria, de una asignatura dedicada a la Ficción —que aborde no solo la literatura, sino también el cine, las series televisivas, los productos digitales o los videojuegos—, desde los primeros años escolares hasta el nivel medio superior deberían implantarse materias específicas orientadas al alfabetismo digital. Docentes capacitados tendrían la tarea de guiar progresivamente a los alumnos en el manejo crítico de herramientas como Wikipedia, una de las plataformas colaborativas más valiosas de nuestro tiempo. Asimismo, deberían abordar las potencialidades y riesgos de cada red social, la producción y evaluación de contenidos audiovisuales en espacios como TikTok o YouTube, la identificación de la desinformación y de los peligros asociados al anonimato, al acoso, a la violencia simbólica y la discriminación en entornos virtuales.
De igual modo, las escuelas tendrían que abordar la evaluación y el uso de la inteligencia artificial generativa. Desde muy pronto los niños y jóvenes deben familiarizarse con sus procesos y familiarizarse, asimismo, con sus riesgos. Es en las aulas donde deben ser abordados los dilemas éticos, sociales, políticos, ambientales, laborales y artísticos que plantea su repentina irrupción en cada área de nuestra vidas y donde debe enseñárseles su uso consciente y responsable. Otra vez: prohibir la IA, sin más, significaría privarlos de un universo con el que más tarde se enfrentarán, de una forma u otra, y que constituye uno de los mayores avances tecnológicos —y epistemológicos— que los humanos hayamos concebido.
Se necesita una inversión pública mucho mayor, que no se contente con aumentar los dispositivos y la formación de los profesores y se atreva a convertir la alfabetización digital en su mayor prioridad. No se trata únicamente de modernizar infraestructuras, sino de redefinir por completo la misión de la educación en la era digital. Si aspiramos a formar ciudadanos con criterio propio, capaces de discernir, cuestionar y participar de manera responsable en la esfera pública, debemos asumir que la alfabetización tecnológica es tan esencial como la lectura, la historia o el cálculo. De lo contrario, corremos el riesgo de formar generaciones sometidas sin más a la lógica algorítmica: consumidores pasivos de estímulos diseñados para capturar su atención y moldear sus conductas. Entre la censura simplista y la inacción complaciente, la única vía razonable consiste en una educación digital integral: ningún otro camino nos llevará a formar ciudadanos críticos en el siglo XXI.
