Cuando hay shocks, los economistas nos llenamos de trabajo. Los cambios de mando en Argentina, el covid, la renegociación del NAFTA post-elección de Trump, han sido algunos de los momentos más movidos de mi carrera.
Un tipo de shock relativamente frecuente en estos tiempos son los eventos meteorológicos, como el temporal que afectó a nuestro país este mes. “¿Qué efectos macroeconómicos se pueden esperar?” me preguntaron más de una vez. La pregunta suele buscar estimaciones de impacto en el PIB y el IPC, dos de las variables más mencionadas en la industria y la prensa.
Sobra decir que el impacto de los eventos meteorológicos es muy diverso. Depende del tipo, duración, intensidad, ubicación. De si es una sequía o lluvias intensas como este último. Incluso cuando nos enfocamos en temporales, los efectos pueden variar mucho. Pero observar los eventos pasados nos permite saber órdenes de magnitud.
Al analizar los doce temporales que tenemos registro en Chile en los últimos 30 años (en sentido nominal, es decir, los que se clasificaron como temporales en la cobertura pública), encontramos que en promedio un temporal reduce el crecimiento mensual del Imacec en cerca de 0,5 puntos porcentuales. Cuando el temporal es en el norte, la caída en la actividad se da principalmente por una menor producción minera. Cuando es en el centro-sur, se da en actividades que dependen de que la gente pueda salir de su casa, como transporte, restaurantes y servicios, aunque esto se compensa parcialmente por una mayor producción hidroeléctrica.
En ambos casos, la actividad suele subir en una magnitud similar al siguiente mes, con los trabajos de reconstrucción y operaciones postergadas que finalmente se retoman. En el neto, el impacto al crecimiento del PIB es acotado.
Por el lado de los precios pasa algo similar: se percibe un impacto al alza en los precios de alimentos uno o dos meses después del evento, pero no se alcanza a percibir un efecto en el IPC subyacente. Es decir, lo que se ve es un impacto acotado y temporal en la inflación.

De aquí podría surgir una tentación a decir que la economía absorbe el shock. Pero hay que resistirla.
Los economistas somos mejores para medir flujos que para medir stocks. Por ejemplo, se sabe más o menos bien cuánto creció la inversión en un país, pero relativamente mal cuál es el acervo o stock de capital de una economía (el valor total de los bienes de capital productivos disponibles). Se habla mucho más de la cuenta corriente que de la posición de inversión internacional neta. Se habla muchísimo de la inflación, cuando lo que resiente la gente es el precio mismo.
Cuando hay un desastre natural, los daños materiales no se reflejan en las cuentas nacionales. El Ministerio de Hacienda cifró el temporal de junio de 2023 en US$759 millones de daño material. Esa destrucción no aparece en el Imacec o en el PIB, porque las cuentas nacionales miden la actividad económica, no el patrimonio.
Para paliar parcialmente los daños, el gobierno suele entregar recursos que en sus finanzas se ven reflejados como gasto fiscal y cuyo impacto se acumula en los niveles de deuda y en el costo de financiamiento a lo largo de eventos sucesivos. La literatura apunta a que una vulnerabilidad climática creciente puede llevar a presiones fiscales que afecten los spreads soberanos. Pero más allá de ese efecto que se percibe cuando se acumula, los efectos en los mercados son acotados.
Evaluar los efectos del temporal solo por su impacto en el Imacec e inflación sería equivalente a evaluar a un paciente que tuvo un accidente solo por su pulso y temperatura. En esta profesión no nos gusta hablar de lo que no podemos medir, pero es bueno tener en cuenta que los principales impactos económicos de los desastres naturales son algo que no aparece en las cifras macroeconómicas más comentadas.