Hace menos de un año, el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su papel clave para terminar la guerra de dos décadas entre su país y Eritrea. Algunas de sus acciones fueron levantar el estado de emergencia del país, eliminar la censura de los medios, incrementar la cantidad de mujeres en la vida política y comunitaria y el compromiso de fortalecer la democracia con elecciones justas y libres.
Pero este 4 de noviembre el primer ministro ordenó una ofensiva militar contra el Frente de Liberación de los Pueblos de Tigray, en respuesta a un supuesto ataque que éstos hicieron a dos bases del ejercito.
Antecedentes: ¿qué está pasando?
El Frente de Liberación de los Pueblos de Tigray (FLPT) es una organización armada que dominaba la política del país desde el 1991. Luego del nombramiento de Ahmed Ali como primer ministro en abril del 2018, éste los acusó de corruptos y los sacó del gobierno central, dejándolos recluidos en Tigray, ciudad ubicada en la frontera con Eritrea.
Además, Ahmed Ali disolvió la coalición multiétnica y creó el Partido de la Prosperidad (PP), lo que aumentó la tensión política entre las divisiones comunitarias. El FLPT no aceptó ser parte de esta alianza, como tampoco estuvo de acuerdo con las negociaciones de paz propuestas por el primer ministro.
Después que se suspendieran las elecciones generales debido a la pandemia, el FLPT decidió no reconocer la autoridad del premio nobel y convocaron sus propios comicios parlamentarios en septiembre. El gobierno central consideró ilegal esta votación, cortó relaciones con la organización y les canceló los presupuestos federales.
Llamado a “orden constitucional”
El sistema de gobierno de Etiopía está basado en el federalismo étnico, que reestructura las divisiones administrativas en diez regiones independientes y dos ciudades con estatus especial, que representan a cada etnia del país.
Constitucionalmente cada grupo y provincia ve sus necesidades de forma individual, pero bajo el mandato de un jefe de Estado (honorífico, sin poder) y un primer ministro, quien es el que maneja el poder central.
Con las elecciones de Tigray, Ahmed Ali apela a la necesidad de restablecer el “orden constitucional” porque según él las acciones del FLPT estarían fuera de las individualidades de la región, mientras que éstos plantean que la constitución permite el “derecho a la autodeterminación, incluyendo la secesión”.
Los que nos lleva al conflicto actual: el FLPT impidió que el general nombrado por el gobierno tomara posesión del cargo en la región y días después el ejercito federal bombardeó la zona de Aragure, cercano a la capital regional de Tigray, Mekelle. La arremetida fue una respuesta a un supuesto ataque a dos bases militares por parte de la organización para robar armas.
Los ejércitos comenzaron una ofensiva militar para presionar a los distintos líderes de cada sector a ceder posiciones o evitar una escalada en el conflicto. Al respecto, el presidente de Tigray, Debretsion Gebremicheal, acusó a Eritrea de una alianza con el gobierno etíope para intervenir en el enfrentamiento y disparar “con artillería pesada” a la región.
El 21 de noviembre Abiy Ahmed Ali dio un plazo de 72 horas a las fuerzas de FLPT para rendirse.
Consecuencias del conflicto
Según las cifras dadas por el ejercito etíope, los combates han dejado más de 500 soldados de Tigray muertos y al menos 29 militares del FLPT se han rendido.
Pero la población civil también ha sufrido las consecuencias. Al menos 40.000 personas han cruzado la frontera de Tigray a otros países vecinos, como Sudán, y al campo de refugiados en Um Rakuba. Además, el 9 de noviembre hubo una serie de ataques a ciudadanos que conllevó la muerte de cientos de personas refugiadas o desplazadas. El gobierno culpó a las tropas de Tigray de los asesinatos tras perder batalla ante las tropas federales, pero ellos lo han desmentido.
Babar Baloch, el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), comenta que está preocupado por la situación de las 100.000 personas de Eritrea refugiadas en Tigray, que sin el acceso libre a la zona, los servicios básicos como el agua, medicamentos y comida se podrían agotar en menos de una semana.
Otro problema es el apagón comunicacional. El acceso de periodistas está restringido y tanto las líneas telefónicas como el Internet están cortados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación ante la imposibilidad de comunicación y la potencial desprotección de los derechos humanos de los civiles.
