Luego de un tumultuoso año 2021, todo parecía indicar que Activision Blizzard estaba en aprietos. Una serie de filtraciones en torno a su cultura laboral, con testimonios de acoso sexual, discriminación y prácticas antisindicales, los obligó a replantear su estructura interna (con resultados cuestionables) y al retiro anticipado (aunque no realmente) de su CEO, Bobby Kotick.
Las repercusiones de este caos llevaron a una gran caída en sus acciones, también afectadas por el retraso del lanzamiento de Overwatch 2 y Diablo IV. En enero de este año, sin embargo, se anunció al público que la compañía iba a ser adquirida por Microsoft, en la exorbitante suma de $69 mil millones de dólares, la cifra más grande por la adquisición de una compañía de videojuegos en la historia.
En el transcurso de la generación actual de consolas (aún en periodo de transición, considerando las complicaciones en su producción y el ascenso del PC como herramienta de gaming principal), Microsoft ha ido retomando su terreno en el mercado de los videojuegos, en gran parte gracias a la implementación de Game Pass, un servicio de suscripción que permite acceder a una biblioteca gigantesca de juegos por un precio fijo, ya sea mensual o anual (tanto en Xbox como en PC).
Para los no entendidos, Activision Blizzard (insisto en el nombre pues también se trata del producto de otra fusión comercial) está a cargo de algunas de las franquicias más lucrativas del mundo de los videojuegos, entre las cuales se cuentan Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, Diablo, Starcraft y Candy Crush (sí, leyeron bien, el juego para celulares).
En los últimos años sus ventas se han mantenido en números positivos, a pesar de las controversias anteriormente mencionadas, pero esto también ha sido a costa de la respuesta negativa del público a sus decisiones o a la calidad de sus productos. Entre ellas se encuentra la disolución de Vicarious Visions, la reducción de personal en Toys for Bob (Crash Bandicoot, Spyro, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2) y su reasignación a los juegos de Call of Duty, el caótico lanzamiento de Overwatch 2, y el éxodo masivo de muchos jugadores de World of Warcraft debido a la calidad de sus nuevas expansiones (aunque Dragonflight, lanzado a fines de noviembre, ha tenido buena recepción en su primera semana).
Por otro lado, Call of Duty, que ha sido históricamente su franquicia más exitosa, tampoco se ha librado de las críticas. En su mayoría apuntan a la sobresaturación de juegos de la serie, su sistema de microtransacciones, y en algunos casos a su uso como herramienta de propaganda del ejército estadounidense. A modo de ejemplo, en Modern Warfare II, su última entrega, la campaña empieza con una misión cuyo objetivo es asesinar a un general iraní de nombre “Ghorbrani”, en un intento obvio por recrear el asesinato de Qassim Soleimani en 2020.
Pero, nuevamente, Activision logró sobrevivir contra todo pronóstico y el gigante Microsoft decidió adquirir la compañía. No podría culpar a nadie de olvidar este anuncio, pues la compra no se ha oficializado a la fecha, y las cosas se complicaron aún más.
Hace unos días, la FTC hizo pública su demanda a Microsoft. La FTC o Federal Trade Comission, es el organismo que vela por los derechos del consumidor en EE.UU., y que ve, entre otras cosas, los casos en los que se debe aplicar la ley antimonopolio, para que si una empresa muy grande compra a otra, no termine convirtiéndose en uno.
En el comunicado adjunto se argumenta que las prácticas de Microsoft tendrían un impacto negativo en la distribución de sus títulos para los consumidores. Específicamente se menciona la adquisición de ZeniMax (Bethesda, quienes están a cargo de Fallout y The Elder Scrolls) y la decisión de convertir sus próximos títulos en exclusivas para sus consolas, a pesar que sus juegos anteriores han estado disponibles en otras plataformas. Si bien la política de Activision se ha mantenido fiel a sus intenciones de distribuir sus títulos para distintas consolas, la FTC argumenta que esta compra podría resultar en el control absoluto de Microsoft sobre esta política y otras decisiones en torno al desarrollo de sus juegos.
En un reporte de Bloomberg, fuentes cercanas afirman que Microsoft estaría listo para enfrentar esta demanda. Lo mismo aplica para las instituciones europeas que están revisando el caso, conocidos por ser aún más estrictos al momento de sancionar a empresas de este rubro, y por la batalla constante contra los lootboxes y las microtransacciones, especialmente en casos como la serie de juegos de fútbol FIFA. Microsoft ofreció además un contrato de 10 años con Nintendo y Sony para distribuir los juegos de Call of Duty en sus respectivas consolas en caso de concretarse la compra, y así evitar una acumulación monopólica de su franquicia más lucrativa. Esto, en parte, podría considerarse una respuesta a Sony, quien ha criticado la acumulación monopólica de Microsoft respecto al género de los first person shooters, y el hecho que el acuerdo anterior solo contemplaba 3 años.
Además, en el transcurso de la semana se anunció un alza de $10 dólares en las novedades para Xbox, también aplicado por Sony respecto a PS5: de $60 pasan a costar $70 (con impuestos dependiendo de la región de compra). Por otro lado, Bobby Kotick le asegura a los empleados de Activision, mediante un correo, que la demanda es “alarmante” y que sus argumentos podrían ganar “a pesar de un entorno regulatorio enfocado en una ideología y opiniones preconcebidas sobre la industria tecnológica”. Esto también coincide con la sindicalización del equipo de game testers de la compañía en Albany, NY.
Lo que pudo haber significado una de las adquisiciones más importantes de la industria del entretenimiento se ha convertido en una disputa que se torna cada vez más caótica al investigarla. Esto nos recuerda al caso de Disney, cuyos tratos estuvieron bajo revisión de los organismos financieros de EE.UU durante el gobierno de Donald Trump, aunque finalmente la adquisición se logró concretar y ahora vemos sus efectos.
Hay posibilidades que Microsoft logre concretar esta compra, pero las medidas que ha tomado la FTC contra los monopolios se han endurecido bajo la administración de Joe Biden (específicamente en el ámbito de las instituciones médicas, en una nación infame por los altos costos en el sistema de salud).
Se han mencionado los derechos de los consumidores al paso en este artículo, pero a fin de cuentas son la parte prioritaria de este trato. En tiempos donde el crossplay, el cross-save, y otros avances tecnológicos facilitan las posibilidades de conectar con nuestros juegos de manera personalizada (DRM de por medio), sin tener que gastar millones en tener cada consola por generación, resulta interesante la disputa por el control del medio. Los precios aumentan, intentando recuperar los costos de producción y mantención de sus servidores, mientras se intenta apelar a un público adulto que rara vez tiene la posibilidad (o el interés) en comprar más de 5 juegos al año. No obstante, esto se trata de una cadena de adquisiciones que tampoco es totalmente inédita. Veremos qué pasa en los siguientes meses.
