La democracia liberal y el capitalismo, que casi siempre han ido de la mano, no son sistemas perfectos. Cometen injusticias, generan desigualdades y muchas veces reparten mal las oportunidades. Pero, con todos sus defectos, siguen siendo lo mejor que ha encontrado la humanidad para organizar sociedades libres, innovadoras y capaces de crear prosperidad a gran escala.
El problema no es solo cuánto crece una economía. El problema es quién entra realmente a ese crecimiento.
En Chile, demasiados niños nacen sin patrimonio, sin red y sin activos. Nacen en libertad formal, pero no en libertad real. Porque la libertad de elegir, emprender, estudiar tranquilo, independizarse o formar una familia dependen de mucho más de lo que dice la teoría. Dependen, sobre todo, de si alguna vez tuviste capital.
Por eso vale la pena pensar una idea simple: que el Estado entregue a cada niño, al nacer, un fondo de 100 UF, invertido a largo plazo y bloqueado hasta los 25 años.
No para gastarlo al día siguiente. No como un bono de consumo. No como un subsidio más. Sino como una cuenta de capital. Como una base mínima de patrimonio.
Hoy 100 UF son cerca de 4 millones de pesos. Invertidos durante 25 años, podrían transformarse en alrededor de 43 millones nominales. En plata de hoy, si se hubiera hecho el ejercicio 25 años atrás, y se considera la inflación, equivaldría a unos 21,6 millones de pesos. Es decir: un monto capaz de cambiar de verdad el punto de partida de una vida.
Con ese dinero, un joven podría poner el pie de una casa, comprar un auto para trabajar, partir un negocio, estudiar con menos deuda, independizarse o formar una familia con menos miedo. No sería riqueza heredada. Sería capital ciudadano.
Y esta idea, además, no sería un salto al vacío. Distintas versiones ya han existido o existen en otros países. Israel tiene desde 2017 un programa universal de ahorro mensual para cada niño, donde el Estado deposita una cantidad fija hasta los 18 años. En Estados Unidos, los "Baby Bonds" ya han sido implementados en algunos estados, como Connecticut, y propuestos en otros. En Alemania, el Consejo de Expertos Económicos ha propuesto recientemente un "capital inicial para niños" con aportes mensuales estatales invertidos en fondos diversificados. No se trata, entonces, de una utopía improvisada, sino de una familia de políticas públicas que buscan corregir una desigualdad muy simple: algunos nacen con patrimonio, y otros no.
Y ahí aparece otra virtud de la propuesta: habla a dos sensibilidades políticas al mismo tiempo. A quienes ponen el foco en la igualdad debiera gustarles porque corrige una desigualdad de origen muy concreta. El Estado le entrega a cada persona, desde el primer día de vida, un activo real. No una promesa abstracta, sino una participación concreta en la riqueza futura del país.
Y a quienes valoran el mérito y la responsabilidad individual también debiera gustarles, porque no elimina la responsabilidad individual: la habilita. No asegura resultados. No reemplaza el esfuerzo. Pero hace algo indispensable: evita que el punto de partida determine casi todo.
En el fondo, combina igualdad de base con libertad y responsabilidad individual. No se trata de reemplazar el mercado. Se trata de abrirle la puerta a todos.
Porque hoy el capitalismo funciona muy bien para quienes ya nacieron cerca del capital. Para ellos, tener acciones, fondos, propiedades o redes es normal. Para millones de chilenos, en cambio, la economía de mercado se ve desde afuera. Trabajan dentro del sistema, consumen dentro del sistema, pagan impuestos dentro del sistema, pero no son dueños de casi nada.
Eso es lo que este fondo cambiaría.
Cada chileno partiría su adultez con activos. Cada chileno tendría, aunque sea en una fracción pequeña, propiedad sobre empresas, sobre productividad, sobre crecimiento. Un pedazo de Copec, Codelco, SQM, Arauco, CMPC, Falabella y los principales bancos. El crecimiento dejaría de ser algo que otros capturan. Pasaría a ser algo en lo que todos participan.
Eso haría al capitalismo más legítimo, más estable y más justo.
Por supuesto, un fondo así no debiera administrarse como una caja política del gobierno de turno. El Estado puede poner el capital inicial, pero las cuentas debieran ser individuales, con reglas estrictas, administradas por gestores privados altamente regulados, con portafolios diversificados y restricciones claras para impedir retiros anticipados. También debiera prohibirse su uso como garantía, su cesión o su anticipación vía crédito, para evitar que ese patrimonio termine capturado antes de llegar al joven. Y precisamente porque los nacimientos son relativamente estables en el tiempo, la liberación de esos fondos no tendría el carácter abrupto ni masivo de un shock extraordinario de liquidez. La idea no es crear otro espacio para el populismo, sino construir patrimonio real para cada chileno.
Además, esta política no debiera pensarse sola. Debe ir acompañada de buena educación –la madre de todas las batallas, sobre todo la lectura en edades tempranas–, menos trabas para emprender, acceso real al crédito y una economía dinámica capaz de premiar el esfuerzo. El fondo no reemplaza la meritocracia, la educación ni la familia. Las complementa. Porque el mérito importa, pero florece mucho más cuando no parte desde cero.
Y hay otra dimensión más: la natalidad.
Chile vive una de las crisis de natalidad más profundas del mundo. Cada vez menos personas tienen hijos, y muchas veces no porque no quieran, sino porque sienten que no pueden. Porque traer un hijo al mundo se vive cada vez más como una carga económica total.
Este fondo no resolvería por sí solo ese problema. Pero sí podría mandar una señal poderosa: en Chile, ningún niño parte desde cero. Cada familia sabría que, independiente de lo que logre acumular en 25 años, su hijo llegará a la adultez con un piso patrimonial propio.
Eso no reemplaza el amor, ni la crianza, ni la educación. Pero sí reduce una angustia real. Y una sociedad donde tener hijos se vuelve económicamente inviable es una sociedad que empieza a cerrarse sobre sí misma.
Además, el costo es mucho más bajo de lo que muchos imaginarían. Usando los nacimientos recientes de Chile, financiar 100 UF por cada niño costaría del orden de 600 mil millones de pesos al año, algo así como 0,7% del presupuesto anual del Estado. En un país que gasta decenas de miles de millones de dólares al año, no parece una locura fiscal. Parece una prioridad posible.
A diferencia de tantos programas públicos que se diluyen en burocracia, intermediación y gasto administrativo, aquí el beneficio llega de manera directa, simple y transparente a la persona que se busca ayudar. No se financia una red de operadores. No se multiplica la tramitación. Se construye patrimonio real.
La pregunta de fondo, entonces, no es cuánto cuesta esta política. La pregunta es cuánto cuesta no hacerla.
¿Cuánto le cuesta al Estado una sociedad donde millones de jóvenes llegan a la adultez sin ahorro, sin activos, sin red y sin margen para tomar buenas decisiones? ¿Cuánto cuesta en subsidios, en dependencia, en frustración, en violencia, en talento desperdiciado?
Un país donde todos parten con cero no es más justo. Es simplemente un país donde la cuna pesa demasiado.
Un fondo de capital al nacer no eliminaría la desigualdad. No reemplazaría la buena educación. No arreglaría por sí solo la pobreza. Pero movería el sistema en la dirección correcta: menos dependencia, más propiedad; menos rabia contra el mercado, más participación en sus frutos; menos privilegio heredado, más libertad real.
