Corte Suprema rebaja multa por Caso Cascadas

Cuando se habla de millones de dólares, no parecería natural aplicar la expresión “la sacó barata”. Pero definitivamente lo es en este caso.

Porque la Corte Suprema determinó que la multa de 62 millones de dólares impuesta al controlador de SQM por el “caso cascadas” no procedía y, en cambio, la rebajó a poco menos de 3 millones. Esto a pesar de haber confirmado que había incurrido en todas las infracciones a la ley del mercado de valores que le imputó la Superintendencia de Valores y Seguros (ahora CMF) en la resolución emitida el 2014.

Si bien 3 millones de dólares no es una cifra menor, lo que resulta insólito es la mínima fracción que representa de los 128 millones de dólares que obtuvo como beneficio gracias al esquema de operaciones que motivaron la investigación y posterior sanción y que perjudicaron a los accionistas minoritarios de las denominadas “sociedades cascadas”, entre quienes estaban varios fondos de pensiones, y a través de ellos, millones de chilenos.

Para tener una idea de la magnitud de la multa original de 62 millones de dólares en proporción con los ingresos fraudulentos generados, podemos compararla con la multa impuesta por la SVS en el caso “La Polar” que fue de 3.5 millones de dólares, considerando las sumas aplicadas a todos los implicados. Esto permite dimensionar el nivel del daño ocasionado por el esquema implementado en el caso cascadas.

Más allá de las múltiples aristas que tiene este caso, que ya han sido abordadas por distintos medios desde el inicio de la investigación el año 2012, llama la atención la oportunidad y el contexto en que se da a conocer su conclusión, para muchos, decepcionante. Porque aunque es la Corte Suprema la que en definitiva dictamina la reducción de la multa, ésta se basa en una sentencia del tribunal constitucional, que el 2018 determinó que la disposición legal que permitía a la SVS multar por cifras de esas magnitudes, era inconstitucional. Así, sale a la palestra la Constitución, justo a pocos días de celebrarse un plebiscito en el que el país decidirá si quiere que se redacte una nueva.